Willacy retrasa solicitud para dirigir prisión

Willacy retrasa solicitud para dirigir prisión

Willacy retrasa solicitud para dirigir prisión

Willacy retrasa solicitud para dirigir prision
El contrato de Management and Training Corp. con el Servicio de Alguaciles de EE. UU. para operar el Centro de Detención Regional del Condado de Willacy, propiedad del condado, ubicado en Industrial Drive en Raymondville, vence en septiembre y los funcionarios del condado están buscando una manera de mantenerlo abierto. (Maricela Rodríguez/Valley Morning Star)

RAYMONDVILLE — Los comisionados del condado de Willacy tienen seis días para presentar a los funcionarios federales su solicitud de hacerse cargo de las operaciones de una prisión propiedad del condado de 582 camas, o perderán alrededor de 200 de los empleos mejor pagados del área.

Durante una reunión del jueves, los comisionados que tenían como fecha límite el 31 de marzo se abstuvieron de presentar al Servicio de Alguaciles Federales su solicitud para hacerse cargo de las operaciones del Centro de Detención Regional del Condado de Willacy.

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“Solo necesitamos un poco más de información”, dijo el viernes el comisionado Henry De La Paz. “Queremos asegurarnos de tener toda la información a mano”.

El martes, los comisionados planean reconsiderar la presentación de su solicitud, dijo.

“Tenemos algunas decisiones importantes que tomar”, dijo De La Paz.

Con base en la solicitud del condado, el Servicio de Alguaciles indicó que permitiría que el condado se haga cargo de las operaciones de la prisión, dijo el juez del condado Aurelio Guerra.

Mientras tanto, los funcionarios federales están listos para responder a la solicitud del condado, dijo.

“Dijeron que tratarían de acelerarlo”, dijo Guerra.

Pero aún surgen grandes interrogantes.

“¿Cuál sería el impacto financiero de hacerse cargo de la prisión?” dijo De La Paz, mientras señalaba las preguntas.

Como parte de su plan, el condado enfrenta la colocación de alrededor de 120 empleados penitenciarios en su nómina, mientras que se prevé que los costos operativos aumenten a alrededor de $15 millones.

Desde el año pasado, Management and Training Corporation, el operador privado nacional que ha estado a cargo de la prisión desde que abrió en 2003, ha estado ayudando a los comisionados a planear cómo hacerse cargo de las operaciones de la prisión.

Ahora, están tratando de determinar si los funcionarios federales considerarían permitir que el MTC participe en la operación de la prisión, dijo De La Paz.

Durante semanas, los comisionados han estado trabajando con la compañía para finalizar la solicitud del condado al Servicio de Alguaciles.

Como parte de su solicitud, los comisionados están detallando los planes del condado para brindar servicios como alimentos y transporte, dijo Guerra.

La solicitud de la comisión ayudaría al Servicio de Alguaciles a determinar la cantidad de dinero que pagaría al condado para albergar a cada uno de sus reclusos, dijo, y esperaba que los costos operativos anuales de la prisión ascendieran a unos $15 millones.

Como parte del plan de las comisiones, el condado pondría a unos 120 empleados de prisiones en su nómina, con el alguacil Joe Salazar supervisando al personal, mientras contrataba a MTC para brindar servicios como alimentos, atención médica y transporte.

Mientras tanto, Rubén Cavazos, el tesorero del condado, dijo que los funcionarios planean colocar más empleados en la nómina después de que la prisión vuelva a su “capacidad total”.

Bajo MTC, la prisión de 582 camas ha empleado a unos 200 empleados.

Si el condado se hace cargo de la prisión, el Servicio de Alguaciles reduciría la cantidad de reclusos transferidos a la prisión hasta que las operaciones funcionen “sin problemas”, dijo Cavazos.

Después de un año de operaciones sin problemas, el Servicio de Alguaciles devolvería el personal penitenciario a sus niveles anteriores, dijo.

Dado que su contrato vence el 31 de marzo, MTC ha sacado a todos los reclusos de la prisión, afirmó David Martinson, vocero de MTC.

En enero de 2021, el presidente Joe Biden ordenó que el Departamento de Justicia elimine gradualmente sus contratos con los operadores de prisiones privadas, lo que le dio a MTC una fecha límite de septiembre para cesar las operaciones de la prisión del condado de Willacy.

“Para disminuir los niveles de encarcelamiento, debemos reducir los incentivos basados ​​en ganancias para encarcelar eliminando gradualmente la dependencia del gobierno federal de los centros de detención criminal operados de forma privada”, establece la orden.

Luego, en septiembre, los funcionarios federales otorgaron una extensión de seis meses, lo que permitió que MTC continuara administrando la prisión hasta el 31 de marzo.

Desde su apertura en 2003, el impacto económico de la prisión se ha extendido a lo largo de este condado rural que lucha con una de las tasas de desempleo más altas del estado.

Ahora, la prisión inyecta alrededor de $400,000 al año en las arcas del condado, dijo Cavazos.

Mientras tanto, en Raymondville, la prisión le paga a la ciudad alrededor de $250,000 al año en ingresos por agua y alcantarillado, dijo el administrador de la ciudad, Eleazar García, y estima que paga salarios de alrededor de $20 por hora, algunos de los más altos en el área.

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